Desde Acontracorrent-JEUV creemos que estas elecciones llegan en uno de los momentos más críticos para nuestra Universidad. Partiendo del completo fracaso en la gestión del cambio de los planes de estudio por parte de esta Universidad, durante el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, tememos observar como el nuevo contexto sea aprovechado para continuar desmantelando el carácter público de la Institución.
Una Universidad no es sólo pública por el hecho de que la mayor parte de su financiación proceda del Estado. Existen muchas universidades privadas que reciben también importante donaciones públicas. Una Universidad es pública por las funciones que asume dentro de la sociedad a la que pertenece, por su actuación como actor social, político y económico en esa realidad, por su papel como herramienta de transformación.
Y como en tantas ocasiones tememos ser, igual que siempre, los y las principales perjudicadas. Cualquiera que repase los cambios y adaptaciones de la Universidad en los últimos años observará que nunca han jugado o se han planteado situando al alumnado en el eje principal. Es más, quizás hemos sido, sin lugar a dudas, siempre los principales perjudicados y perjudicadas.
Son muchas las preocupaciones que tenemos, y quedan claramente reflejadas a través de las propuestas que como Acontracorrent-JEUV, planteamos a los diferentes equipos.
Pero existen diversas cuestiones, de un alto contenido político y social, que merecen ser reflexionadas, no sólo por las candidaturas, sino por el conjunto de la comunidad universitaria y por la sociedad en la que ella se inserta. Porque un modelo de Universidad conlleva también asociado un modelo de sociedad.
Esa es una de las primeras cuestiones a considerar. Y por eso desde Acontracorrent-JEUV rechazamos y rechazaremos la ordenación de la Universidad Pública en Campus o no Campus de Excelencia, algo que por tanto nos aleja radicalmente de los cuatro programas planteados. Una Universidad pública debe mantener siempre, ante todo, un objetivo: garantizar (no buscar o intentar, como algunos programas parecen sugerir) la igualdad de oportunidades. Ninguna Universidad, ningún equipo debe subirse al carro del campus de excelencia sin asumir el coste de igualdad de oportunidades para la ciudadanía que este conlleva. Porque no todos y todas pueden optar a la excelencia, porque existen barreras socioeconómicas que impiden que alumnos y alumnas excelentes puedan desplazarse hasta aquellos campus que reciban dicha categoría. Porque el modelo no parece construirse sobre un mayor prestigio de determinados centros, sino sobre una competitividad entre ellos por conseguir más dinero.
Un sistema de excelencia, término que también debería quizás ser revisado pero lo mantendremos en un plano académico, debe sostenerse sobre un sistema público y social de excelencia, basado en becas-salario REALES, que permitan a cualquier estudiante desplazarse a cualquier Universidad. Y eso no viene asociado a esa instauración del nuevo modelo, de tal manera que habrá estudiantes excelentes que acaben marginados de la excelencia, incrementándose por tanto las diferencias socioeconómicas de partida.
Ese es el primer gran problema de dirigir y aceptar una reforma bajo los criterios de competitividad en vez de los de racionalización, solidaridad y equidad.
Pero ese mismo cuestionamiento de la igualdad de oportunidades en la Universidad, y por tanto el cuestionamiento también del propio carácter público de la Institución, aparece en las reformas planteadas desde el Ministerio de los planes de Estudio. Ante ellas, ante estos ataques, la Universidad de Valencia, los equipos rectorales, no pueden simplemente agachar la cabeza.
En primer lugar, la división del sistema educativo universitario en grados y posgrados (el famoso 4+1) encierra una importante trampa socio-económica: el incremento del coste particular de la formación. Fenómeno que además se produce en un grave contexto de crisis para muchas familias y para muchos y muchas estudiantes. Si existía un sistema general de becas a fondo perdido para el conjunto de la licenciatura, no queda clara su extensión al conjunto de la nueva formación grado-posgrado, pese a que en algunos casos algunos de estos últimos (como en enseñanza) sean obligatorios e incluso abarquen más de dos años. Nosotros y nosotras hemos demandado a todas las candidaturas asumir el precio mínimo posible de cada crédito, pero eso no es suficiente.
En este nuevo sistema aparecen además las nuevas becas-préstamo que como tantas veces hemos indicado son préstamo-hipoteca de estudios. Y que, una vez más, rompen el principio de igualdad de oportunidades. Aquel o aquella estudiante de menores recursos económicos ha de acudir a ellas, endeudarse con el estado y acabar contrayendo un préstamo con él. Aquel o aquella estudiante de mayores recursos no. En ambos casos aprovechan el conjunto de los recursos públicos pero, paradójicamente, en aquel donde menos renta se posee es el que más contribuye, el que más dinero paga y el que, en muchas ocasiones, descartará esa formación por su coste.
En segundo lugar, el nuevo formato del grado convierte las titulaciones en jornadas laborales a tiempo completo, incompatibles en muchos casos con un trabajo externo. Éste es, realmente, el mayor ataque contra la igualdad de oportunidades educativas y el mecanismo por el cual la Universidad deja de ser pública para convertirse en una herramienta de exclusión social, de división social. Ante ello, nos aterrorizan las dos clásicas respuestas de la institución: quien no pueda venir que acuda a la UNED, o que haga la carrera en el doble de años. Todo ciudadano y ciudadana posee igual derecho a acceder a la Universidad. Y todo ciudadano y ciudadana debe ver en ella una herramienta que garantice su igualdad de opciones al mundo y el mercado laboral, no que incremente las diferencias. Desde Acontracorrent-JEUV hemos planteado la solución intermedia de planes de estudio semi-presenciales para trabajadores y trabajadoras, y esperamos respuesta por parte de las diversas candidaturas.
Reiteramos lo que señalamos al principio. Una Universidad no es pública porque las candidaturas a rectorado se llenen la boca diciendo que si lo es. Ni es pública por recibir fondos estatales o autonómicos. Una Universidad es pública por el papel que ejerce en la sociedad a la que pertenece, por su garantía de la igualdad de oportunidades, por su capacidad en corregir las desigualdades, NUNCA por mirar hacia otro lado cuando ese papel se cuestiona, combate y diluye.
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